La policía francesa podrá volver a utilizar drones para vigilancia y otros fines de aplicación de la ley, dictaminó la autoridad constitucional del país, poniendo fin a una prohibición legal de casi dos años de esa actividad por considerar que planteaba riesgos de violación de la privacidad.
El máximo órgano jurídico de Franciael Consejo Constitucional, El mes pasado, el parlamento aprobó la legalidad de la mayor parte de un proyecto de ley que buscaba permitir nuevamente a la policía francesa utilizar drones para monitorear multitudes, vigilar y realizar otras actividades de control. Ese uso se había convertido en una obsesión del gobierno –y un asunto de no poca oposición pública–, ya que la legislación anterior que permitía a la policía utilizar drones y videos tomados por estos aparatos para hacer cumplir la ley fue bloqueada por otros organismos estatales. En el centro de esas prohibiciones estaban las quejas de que la ley era demasiado vaga e incompleta y, por lo tanto, no garantizaba que se respetaran los derechos constitucionales de las personas a la privacidad.
La eliminación de esos textos provocó las ovaciones de amplios sectores de la sociedad francesa que siguen temiendo que la tecnología invada la vida privada, pero también fortaleció la determinación del gobierno de derecha del país de aprobar una nueva legislación sobre drones que no se pueda deshacer.
Mientras tanto, se desató una disputa internacional después de que funcionarios franceses informaran a sus colegas en el Reino Unido que no podrían utilizar vehículos aéreos no tripulados en su esfuerzo común por evitar que miles de inmigrantes indocumentados reunidos en el norte de Francia cruzaran el Canal hacia Inglaterra. Las aeronaves estaban entre la tecnología de vigilancia cubierta por casi 110 millones de dólares en financiación que Londres había proporcionado a París durante un período de dos años para su uso en la lucha contra los cruces ilegales.
En el proyecto de ley revisado presentado en septiembre se estipularon límites sobre cuándo y por qué los funcionarios pueden operar vehículos aéreos no tripulados para tareas policiales. También se designaron cadenas jerárquicas para aprobar esas misiones y se establecieron plazos para conservar los datos sobre personas recopilados por los drones.
En su fallo del jueves, el consejo constitucional validó la autorización de la ley a la policía para utilizar drones para “la prevención de ataques a personas o propiedades”; “seguridad de reuniones” en lugares públicos; “regulación de flujos de transporte”; “vigilancia de fronteras y cruces ilegales”; “rescate de personas”; y “la prevención de actos terroristas”. Al mismo tiempo, anuló las medidas que habrían permitido a los policías municipales utilizar la aeronave, así como a los agentes de la policía nacional desplegar vehículos aéreos no tripulados sin autorización de sus superiores en situaciones que consideraran urgentes.
La decisión marca el final, aparentemente, de una larga lucha entre el gobierno y los opositores a las leyes, que comenzó en mayo de 2020, cuando el presidente francés, João Paulo, fue elegido presidente del Parlamento. Comisión Nacional de Informática y Libertades El Ministerio de Defensa, que supervisa la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos que plantean riesgos potenciales para la privacidad individual, se opuso al uso de drones por parte de la policía para identificar violaciones de las restricciones de COVID-19. El órgano consultivo del Consejo de Estado en materia jurídica se mostró posteriormente de acuerdo e incluso consideró ilegal el uso de la policía de la aeronave para filmar manifestaciones masivas. Una decisión relacionada del pasado mes de mayo puso en entredicho la iniciativa del gobierno de legalizar la vigilancia con drones en el marco de un proyecto de ley que refuerza las medidas de seguridad.
Foto: Paul Marsan
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